Este 11 de septiembre de 2024, pasada la medianoche y luego de que decenas de manifestantes irrumpieron en el pleno del Senado para intentar detener discusión sobre la reforma al Poder Judicial, las y los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados aprobaron la iniciativa con mayoría calificada.

La reforma representa uno de los cambios en la Constitución más controvertidos de la historia reciente del país que pretende revolucionar el sistema de justicia y que adentra a México en un terreno inédito. Hasta ahora ninguna democracia en el mundo ha elegido a sus jueces por voto popular, la clave del cambio.

El movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador consiguió esta enmienda con el voto de una de las familias políticas que más lo ha criticado en la última década: los Yunes, afines al Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), vinculados a los actos más viles y corruptos de la política nacional, acorralados por la justicia y los responsables de conceder la mayoría calificada de 86 votos que necesitaba Morena en el Senado para aprobar la reforma.

Todavía falta la estocada final: deberá ratificarse por los Congresos de al menos 17 estados. Escenario favorable para la Cuarta Transformación, al gobernar dos tercios del país.

“Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor, pero en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla”, dijo el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez al votar a favor.

Y añadió: “Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia”.

La reforma al Poder Judicial de Ernesto Zedillo

La última vez que se reformó el Poder Judicial fue en 1994 cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia. Se trató de una reforma poco discutida y  aprobada en “fast track” por un Congreso integrado en su mayoría por el PRI y el PAN  en solo 30 días. Así el 31 de diciembre de 1994 se declaró la jubilación de los 26 ministros que componían la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se redujo a 11 el número de ministros y ministras.

También se modificó el tiempo en su cargo a 15 años, ya que antes era indefinido; se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la estructura en el pleno se modificó a 10 ministros con 1 ministro Presidente, el cual se elegiría cada cuatro años por los mismos ministros.

¿Cómo llegamos a este punto?

La historia comienza cuando el presidente López Obrador le pidió a Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte, que emprendiera una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la reforma nunca se concretó y Arturo Zaldívar no pudo reelegirse dado que la Constitución establece que el plazo máximo para el Presidente de la Corte es de cuatro años, sin posibilidad de reelección para el mandato inmediato.

Otro caso que se sumó a las disputas fue cuando la Suprema Corte canceló una reforma a la industria eléctrica que favorecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a los actores privados, la cual ya había sido aprobada en el Congreso.

Esa posición del Poder Judicial hizo que López Obrador y sus aliados políticos anunciarán el Plan C, un plan electoral para aprobar las 20 reformas que tiene pendientes en el Congreso mexicano.

El objetivo era que la gente saliera a votar para obtener las mayorías suficientes en el Congreso y poder reformar la Constitución; cosa que consiguió luego de la arrasadora victoria con 36 millones de votos de Morena y sus aliados en las pasadas elecciones del 2 de junio y que convirtieron a Claudia Sheinbaum Pardo en la primera presidenta en la historia de México.

Así llegamos hasta este momento donde el movimiento del Presidente hará una reforma al Poder Judicial que solo el tiempo podrá evaluar.

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias

La reforma al Poder Judicial es uno de los ejes del paquete de 20 iniciativas presentadas por el presidente López Obrador en febrero de 2024. Esta propuesta legislativa ya se aprobó en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, por lo que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados solo necesitan un senador más para aprobar la reforma en el Senado.

Los rumores sobre la posible traición de algún legislador de la oposición se podrían concretar una vez que que el Senado le concedió licencia al panista Miguel Ángel Yunes Márquez ; por lo que su suplente, el exgobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, tomará protesta como senador para concretar la reforma.

Al mismo tiempo los trabajadores del Poder Judicial de una veintena de estados mantienen un paro indefinido de labores en protesta y exigen un diálogo abierto para discutir la contrapropuesta presentada el domingo por la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No obstante, los senadores morenistas advirtieron que ya es demasiado tarde para tomar en cuenta la propuesta, pese a que ciertos temas podrían considerarse para la elaboración de las leyes secundarias. A continuación te presentamos las claves para entender la reforma judicial.

Cambios a la Suprema Corte

La reforma al Poder Judicial plantea cambios a la Suprema Corte, que actualmente se integra por 11 ministras y ministros y su cargo dura quince años. Con la reforma, se reducirá a nueve el número de ministras y ministros y solo podrán durar 12 años en dicho cargo.

Tampoco tendrán una pensión de por vida y sus sueldos no podrán ser más altos que el del Presidente o Presidenta de la República.

Además, se eliminarán las dos salas de la Corte en las que se discuten temas particulares y que están integradas por cinco ministros y ministras. La reforma plantea que todos los temas serán para todos los integrantes.

Elección popular de ministros, jueces y magistrados

Por otro lado, la reforma modificará los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular.

Con el sistema que prevalece, el Presidente propone una terna, después el Senado de la República elige a una persona de esa terna y la nombra ministro o ministra. Para los magistrados electorales sucede lo mismo, pero la terna la propone la Suprema Corte.

En contraste, con las modificaciones las y los candidatos serán propuestos por los tres Poderes: 10 del Poder Ejecutivo, 10 del Poder Legislativo y 10 del Poder Judicial.

Respecto a los magistrados y jueces de Distrito sucedería algo similar, serían elegidos por la ciudadanía—que hasta ahora los nombra el Consejo de la Judicatura Federal—.

Para el proceso de selección también se ha planteado la intervención de tres órganos de evaluación en cada Poder. Estos estarán integrados por cinco personas y cada uno se encargará de la preselección de candidatos, la cual se sustentará en los expedientes y antecedentes de las personas aspirantes.

Además, las y los candidatos deberán presentar un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación, así como entregar cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

INE organizará las elecciones

Una vez que la reforma sea aprobada, el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección para que las y los mexicanos salgamos a votar para renovar los cargos del Poder Judicial el primer domingo de junio de 2025.

Durante los comicios de 2025 se votarán los siguientes cargos:

• Magistrados y magistradas que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial
• Las y los integrantes del nuevo Órgano de Administración
• La mitad de los cargos de jueces de distrito y magistrados de circuito (entre 800 y 900 cargos) y las vacantes, mientras que la otra mitad se elegirá en las urnas en 2027

En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cinco magistrados que actualmente están en funciones continuarán en el cargo hasta 2027. Sin embargo, el próximo año se elegirán en las urnas las dos magistraturas que el Senado no ha nombrado desde hace meses.

Y antes de ello las y los candidatos tendrán 60 días para hacer campaña en radio, televisión y foros de debate. Además no podrán recibir financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de los candidatos.

Remplazo del Consejo de la Judicatura Federal

La nueva reforma extinguirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), organismo se encargaba de vigilar y administrar al Poder Judicial.

En su lugar se crearán dos instituciones que lo sustituirán: el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargaría de recibir denuncias, investigar y sancionar a quien actúe contra la ley; y el Órgano de Administración Judicial, que será responsable de las tareas administrativas como elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

Los poderes Judiciales de los Estados

Los Poderes Judiciales de los 32 estados del país se renovarán escalonadamente. El dictamen de la reforma establece que las personas que aspiren a alguno de los cargos judiciales deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Licenciatura en Derecho y haber obtenido un promedio mínimo de calificación de ocho a nueve
• Tener experiencia de cinco años en la práctica jurídica
• Las personas aspirantes deberán elaborar ensayos y entregar cinco cartas de referencias recogidas entre sus vecinos o colegas

En el caso de jueces, ministros y magistrados en funciones tendrán la posibilidad de participar en la elección sin requisitos adicionales ni evaluación, para darles oportunidad de repetir en el cargo o para aspirar a uno mayor. El Consejo de la Judicatura informará al Senado cuáles cargos tienen vacantes y propondrá al menos la mitad para renovarse.

Cabe mencionar que quienes se elijan como jueces y magistrados federales deberán someterse a una evaluación el primer año de su cargo en el Tribunal de Disciplina. En caso de reprobar podrán tomar cursos de capacitación para repetir la evaluación y si no aprueban se suspenderán o inhabilitarán.

Nuevas reglas procesales

• Habrá un plazo máximo de 6 meses para resolver asuntos fiscales y 1 año para asuntos penales, o sea, una justicia ‘pronta y expedita’
• No se podrán suspender normas con efectos generales por amparos, esto quiere decir que si el Poder Legislativo aprueba una ley, el Poder Judicial no la podría suspender aunque alguien se haya amparado en su contra
• Los cargos que pertenecen a los fideicomisos del Poder Judicial se irían al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero esto sería hasta que resuelvan los amparos presentados por los trabajadores.

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“Tenemos la convicción de que la forma en la que está propuesta la reforma no soluciona los problemas del Poder Judicial. A nosotros nadie nos ha manipulado”, exclamó un estudiante de derecho en alguna entrevista que me generó algunas preguntas:

¿El Poder Judicial está tan mal?, ¿por qué manifestarse hasta ahora si sabían de malas prácticas en ese sistema?

Es tema de conversación desde hace semanas la propuesta de reforma del Poder Judicial propuesta por el Presidente de la República. Se han manifestado los estudiantes de la libre de Derecho, de la Ibero, del Tecnológico de Monterrey e incluso de la UNAM, por lo que debe ser revisada minuciosamente para buscar robustecer dicho poder de manera que todos centren el punto de acuerdo. 

También es cierto y es del conocimiento general, las historias de corrupción, amiguísimo y nepotismo en ese mundo de jueces y magistrados. Donde las malas prácticas han destruido empresas, personas y familias. 

Poder Judicial más eficiente

No se trata de gustos. Nadie quiere saber si te gusta el agua de horchata o si te gusta “la Piña“. Se trata de hacer un Poder Judicial más eficiente, más cercano al pueblo y una procuración de justicia profesional. Donde no gane el más poderoso sino el dueño de la verdad y justicia. 

Los grandes opinólogos e intelectuales con foto de perfil de mano en la barbilla han mostrado su preocupación en el tema, lo cual me indica que la reforma está moviendo diferentes intereses que no tengo a bien saber cuáles son. Sin embargo considero que debe ser revisada, modificada de ser necesario a fin de llegar a puntos de acuerdos centrales pero sobre todo la certeza de que hoy es muy necesaria.

Hace 20 o quizá 30 años hubiera pasado desapercibida una reforma de tal magnitud y tal vez por apatía ni nos hubiéramos enterado. Hoy –afortunadamente– es distinto y ya no es sólo competencia de una clase política sino de un pueblo informado, que el resultado sea el más conveniente para todos los mexicanos.  

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