Si estuvieras perdido en medio del espacio y nadie pudiera pilotar la nave, ¿qué harías?,  ¿convocarías una elección para ver cómo pilotar la nave o tratarías de averiguar si hay alguien a bordo experto en hacerlo? Si escogiste lo segundo, tal vez piensas que los conocimientos especializados son útiles en este tipo de situaciones.

Pero, ¿qué opinas cuando en vez de pilotar una nave espacial se trata de quienes están al frente de un país?, ¿es verdad que elegir al más experto es la mejor opción? 

Esta misma disyuntiva ha avivado la discusión pública sobre la reforma al Poder Judicial para elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular. Aunque cabe aclarar que no cualquiera podrá ser juez, ministro o magistrado; pues tendrán que cumplir una serie de requisitos como tener licenciatura en Derecho, haber obtenido un promedio mínimo de calificación de ocho a nueve en las materias afines al cargo; tener experiencia de cinco años en la práctica jurídica, etc.

Aún así, la propuesta provocó que trabajadores del Poder Judicial  se fueran a paro y también que AMLO pusiera “una pausa” a las relaciones con las embajadas de Canadá y Estados Unidos, luego de que , el embajador estadounidense, Ken Salazar, calificó las propuestas de cambios al Poder Judicial como “un riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México”.

Aunque antes el propio Salazar declaró que la reforma al Poder Judicial era “tema de los mexicanos”.

Las encuestas tienen otros datos

Pero a pesar de las protestas y las opiniones en contra, una encuesta de Enkoll reveló que el 75% de los encuestados está a favor de que los ministros de la Suprema Corte se elijan por la gente en elecciones y un 83% considera que debería llevarse a cabo una reforma al Poder Judicial.

Otra encuesta cara a cara más reciente, elaborada por Buendía & Márquez—una de las encuestadoras más acertadas de la pasada elección presidencial— revela que el 63% de los encuestados aprueba la reforma, mientras que el 59% opina que la elección popular hará que la justicia responda a la gente.

Además, los resultados de la reciente elección en México donde Claudia Sheinbaum ganó a sus opositores con casi el 60% de los votos sugieren que los electores y el movimiento obradorista están ordenando que cambien la forma en que se reparte el poder de los que deciden la justicia.

Pero entonces, ¿por qué a pesar de que la mayoría de los mexicanos y mexicanas quieren votar a los jueces hay quienes están en contra?, ¿preocupa la reforma judicial o molesta la voluntad popular?

Democracia vs sofocracia, ¿qué es mejor para el Poder Judicial?

El principal argumento de los opositores a la reforma se fundamenta en que los jueces y magistrados podrían seleccionarse en función de su capacidad para hacer campaña eficazmente en lugar de su competencia técnica y profesional. Esto podría llevar a la elección de candidatos menos cualificados.

Eso mismo es lo que Platón, el gran filósofo de Atenas—la cuna de la democracia—, alegó hace unos dos mil 400 años en el libro VI de la “República”, uno de los primeros y más influyentes textos sobre justicia, política y la naturaleza de los gobiernos. En ella queda en evidencia que la democracia —en griego “el gobierno del pueblo”— no le convencía. 

Platón pensaba que votar por un líder significaba un riesgo, pues los electores están influenciados por características irrelevantes, como la apariencia de los candidatos o su carisma; en este entendido el pueblo ignoraría las calificaciones requeridas para gobernar, así como para pilotar una nave.

Los expertos que Platón quería al timón del buque del Estado eran filósofos escogidos por su conocimiento de la realidad más profundo que el común de la gente.

Es decir, que el filósofo griego se inclinaba más por la sofocracia, donde el poder está en manos de los más sabios y la aristocracia,  “el gobierno de los mejores”, donde una reducida y supuestamente incorruptible clase privilegiada tiene el control y se identifica como las personas más preparadas para tomar decisiones en bien del pueblo en vez de la masa inculta.

Democracia y democracia constitucional

El especialista en derecho internacional y profesor de la Universidad de Chicago, Tom Ginsburg, admite que este es un caso donde la medicina es peor que la enfermedad, lo que no significa que no se requiera una reforma.

En esa misma línea opina la abogada y fundadora de TOJIL, Estefanía Medina, al considerar que la reforma “viene a atender un tema que no le llegará a los grandes problemas de justicia y pareciera que busca reducir la fuerza de ese tercer poder”.

Sin embargo, para el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, a menudo se omite que la independencia judicial exige legitimación social, es decir “la confianza del pueblo en su aparato de justicia”.

“La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar su forma de gobierno” dice Jaime Moreno Garavilla, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pero Ginsburg afirma que “solo porque las cosas sean populares no significa que siempre deban hacerse”. El profesor plantea la diferencia entre democracia, donde la gente tiene lo que quiere y democracia constitucional, donde la gente debería tener lo quiere pero “hay ciertas cosas que también se le deberían quitar a la gente de la discusión pública como los derechos humanos, por ejemplo”.

¿Elegiríamos al jefe del ejército? se pregunta Ginsburg y enseguida responde que ¡no!, “tenemos profesionales para esas cosas y ese tipo de disciplinas profesionales, si puedo usar el término, son importantes para que la democracia constitucional pueda funcionar“.

En algo concuerdan los profesores, se necesita conocimiento especializado, “pero de ninguna manera vamos a menospreciar la capacidad del pueblo para poder determinar quien sí y quien no le gobierna“, sentencia Moreno Garavilla.

El pueblo no confía en el Poder Judicial

Hasta ahora el Poder Judicial es inmune al reclamo democrático. No existe un solo funcionario dentro del Poder Judicial que sea electo popularmente. Hay procesos de elección, como el que se da para el cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sólo participan los 11 ministros que se eligen entre sí.

Lo más parecido a la democracia representativa para designar funcionarios es lo que se conoce como “concursos por oposición”, un instrumento creado en 2021 en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, donde se establece que cualquier persona puede aspirar a formar parte del Poder Judicial de la Federación a través de un concurso público y por medio de exámenes se entregan los puestos.

Sin embargo, solo pueden inscribirse al concurso personas que ya laboran en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, el Poder Judicial se alimenta de sí mismo.

De acuerdo con información oficial emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, dentro del Poder Judicial existen un total de 737 jueces de distrito, pero solo 11% (81 jueces) llegó a su cargo a través de un concurso de oposición y 655 fueron asignados directamente. En contraparte, de los 874 magistrados el 30 % llegó por asignación directa y el 70% llegó por sus propios méritos. 

Por otro lado, el Poder Judicial tampoco ha estado exento de corrupción y las advertencias de Platón de que este modelo podría corromperse y convertirse en una oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos, es una realidad.

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de septiembre de 2023, revela que a nivel nacional, los jueces tienen un 66% de percepción de corrupción y solo el 59.1% de la población confía en ellos.

¿Elegir a los jueces podría resolver el problema?

Como sostuvo la ministra Lenia Batres en uno de los foros de discusión; el objetivo de votar a los ministros, magistrados y jueces es promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas para obligar a que este responda al interés general y mejorar la percepción de legitimidad del PoderJudicial.

Para Ginsburg “la idea de la ley es que proporciona un conjunto relativamente estable de reglas del que incluso las personas impopulares pueden beneficiarse, incluso aquellos que están en el lado perdedor del debate político pueden beneficiarse de la ley“.

Entonces, cuando se intenta cambiar un sistema, para que todos los jueces sean elegidos; “Básicamente estás diciendo que los jueces deberían responder al estado de ánimo popular en ese momento y eso realmente, en algún nivel, socava la idea de la ley misma. Y es muy arriesgado porque no se sabe cómo evitar la corrupción en el nuevo sistema“, argumenta el profesor de la Universidad de Chicago.

Si Estefanía Medina pudiera decidir qué hacer para que una reforma atienda la necesidad de justicia de la gente empezaría por reformar las fiscalías antes que al Poder Judicial y una vez que esos casos llegan a la justicia, más que la forma en cómo se seleccionan a los jueces, “el problema está en los casos de corrupción del día a día”.

La cofundadora de TOJIL no duda en decir que para solucionar el problema —en parte— “tendríamos que tener autoridades de investigación y sanción mucho más firmes, y una tolerancia cero que se dan tanto en ministerios públicos como en el Poder Judicial“.

Si el actual modelo de justicia es corrupto e ineficiente, ¿modificar la forma en cómo se eligen los jueces ayudará garantizar una mejor aplicación de la justicia o solo dará legitimidad popular a un poder?

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