El 29 de diciembre de 2023, en una acción histórica, el gobierno de Sudáfrica interpuso una denuncia en contra de Israel por genocidio. Se trata de la primera acción legal de importancia de un gobierno frente a la actual guerra de Israel contra Palestina luego del ataque de Hamas el 7 de octubre pasado.

El documento de Sudáfrica está dividido en varios capítulos que estructuran la denuncia y presentan los argumentos y evidencias que sustentan las acusaciones por actos y omisiones de Israel que en conjunto configuran el delito de genocidio y, sobre todo, la intensión explícita de cometerlo. Sudáfrica parece haber anticipado correctamente la estructura y los argumentos de defensa de Israel y planteó su caso en previsión de desmontarlos.

La abundante evidencia que acompaña el caso es un compendio de la infamia y el sadismo cocinados a fuego lento. La denuncia documenta la grave situación no sólo en Gaza, sino también en Cisjordania en todos los aspectos de la vida de las personas.

Sin entrar en los detalles de la presente guerra de exterminio, la población palestina ha sufrido una indecible violencia cotidiana, permanente y creciente desde hace 75 años que Sudáfrica documenta exhaustivamente. Así, el equipo legal sudafricano integró un expediente que resume en una apretada relación la ocupación militar más brutal de la historia moderna. Sudáfrica sostiene que los actos y omisiones acusados cumplen con los supuestos establecidos por la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que lo define como:

“Cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

• a) Matanza de miembros del grupo
• b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo
• c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial
• d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo
• e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

En apego a la Convención, y en virtud de la gravedad de la situación que viven 2.3 millones de personas, la solicitud desglosa nueve medidas cautelares inmediatas que deben ser impuestas, independientemente del fondo de la acusación.

Las primeras seis medidas buscan garantizar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de no cometerlo y de prevenirlo y castigarlo, así como la defensa y reafirmación de los derechos y obligaciones de Sudáfrica de prevenir el genocidio y de proteger a los palestinos de Gaza de la destrucción.

Las tres últimas medidas tienen por objeto proteger la integridad de los procedimientos ante el Tribunal y el derecho de Sudáfrica a que su demanda sea juzgada con equidad. Incluso garantizando la preservación de las pruebas. Las medidas solicitadas son las siguientes:

“144. Sobre la base de los hechos expuestos anteriormente, Sudáfrica, como Estado parte en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, solicita respetuosamente a la Corte, con carácter de extrema urgencia, en espera de la decisión de la Corte sobre el fondo, indicar las siguientes medidas cautelares en relación con el pueblo palestino como grupo protegido por la Convención sobre Genocidio. Estas medidas están directamente relacionadas con los derechos que constituyen el tema de la disputa de Sudáfrica con Israel:

1. El Estado de Israel suspenderá inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza.
2. El Estado de Israel garantizará que cualquier unidad militar o armada irregular que pueda ser dirigida, apoyada o influenciada por él. Así como cualquier organización y persona que pueda estar sujeta a su control, dirección o influencia, no adopte medidas para promover el operaciones militares a que se refiere el punto (1) anterior.
3. La República de Sudáfrica y el Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con el pueblo palestino, tomarán todas las medidas razonables a su alcance para prevenir el genocidio.
4. El Estado de Israel, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio desistirá de la comisión de todos y cada uno de los actos comprendidos en el ámbito del artículo II de la Convención. En particular:
   (a) matar a miembros del grupo
   (b) causar graves daños corporales o psíquicos a los miembros del grupo
   (c) infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial
   (d) imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo.
5. El Estado de Israel, de conformidad con el punto (4)(c) anterior, en relación con los palestinos, desistirá y tomará todas las medidas a su alcance. Incluida la rescisión de las órdenes, restricciones y/o prohibiciones pertinentes para impedir:
   a) la expulsión y desplazamiento forzado de sus hogares
   b) la privación de:
   (i) acceso a alimentos y agua adecuados
   (ii) acceso a asistencia humanitaria, incluido el acceso a combustible
   (iii) alojamiento, ropa, higiene y saneamiento adecuados; suministros y asistencia médica
   c) la destrucción de la vida palestina en Gaza.
6. El Estado de Israel, en relación con los palestinos, garantizará que sus fuerzas armadas así como cualquier unidad o individuo armado irregular que pueda ser dirigido, apoyado o influenciado de otro modo por él y cualquier organización y persona que pueda estar sujeta a su control, dirección o influencia, no cometa ninguno de los actos descritos en (4) y (5) anteriores, ni participe en incitación directa y pública a cometer genocidio, conspiración para cometer genocidio, intento de cometer genocidio o complicidad en genocidio y en la medida en que lo hagan participen en ellos, que se tomen medidas para sancionarlos de conformidad con los artículos I, II, III y IV de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
7. El Estado de Israel tomará medidas efectivas para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relacionadas con denuncias de actos dentro del alcance del artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Con ese fin, el Estado de Israel no actuará para negar o restringir de otro modo el acceso de misiones de investigación, mandatos internacionales y otros organismos a Gaza para ayudar a garantizar la preservación y retención de dichas pruebas.
8. El Estado de Israel presentará un informe a la Corte sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a esta Orden dentro de una semana a partir de la fecha de esta Orden, y posteriormente a los intervalos regulares que la Corte ordene, hasta que se tome una decisión final sobre el caso es dictado por el Tribunal.
9. El Estado de Israel se abstendrá de cualquier acción y garantizará que no se adopte ninguna medida que pueda agravar o ampliar la controversia ante la Corte o hacerla más difícil de resolver.”

Estas son las principales medidas solicitadas por Sudáfrica, ademas de otros puntos de orden procedimental. El viernes 26 de enero la Corte Internacional de Justicia anunciará si decide dictarlas o no. Su decisión es crucial, quizá más para la Corte que para Palestina.

Si no concede razón a Pretoria sobre las medidas cautelares, sobre todo el cese al fuego y el acceso a la ayuda humanitaria, que ya es clamor mundial, la Corte ahondaría la crisis de credibilidad de la ONU y sus organismos.

La detallada exposición del caso, revela, por debajo de la violencia israelí reciente, la inoperancia de los organismos internacionales para evitar que Palestina sufriera durante décadas lo que todos esos organismos sabían que estaba sufriendo. En 75 años, Palestina sólo ha recibido sólo paliativos, “ayuda humanitaria”, apoyos aquí y allá. Ni alto al fuego ni alto a la colonización ni alto al apartheid.

Encima, la actual masacre ha rebasado cualquier límite. No reconocerlo sería suicida. Es de esperarse entonces que los jueces de La Haya dicten en favor de Sudáfrica. Con ello, al innegable valor político y ético que representa la demanda misma, una resolución favorable al pueblo palestino intensificará la presión política interna y externa hacia Estados Unidos y el Reino Unido, que tienen en sus manos, más que nadie, la decisión de detener la guerra. Lo mismo que para el resto de sus “aliados” europeos.

Israel, por su parte, no está dispuesto a detener su guerra de exterminio bajo ninguna circunstancia, salvo que lo obligue Estados Unidos. Todo parece indicar que Washington no cambiará su política de aquí a las elecciones a menos que vea en peligro la inminente candidatura de Joe Biden.

Otro flanco que se debilita cada vez más para Israel es el interno. Con una oposición que había logrado movilizar a una gran parte de la sociedad contra Netanyahu y su gobierno, obliterada por el ataque del 7 de octubre —muy oportuno, por cierto—, comienza a resurgir de la mano de quienes exigen negociaciones para liberar rehenes así como de sobrevivientes y familiares de víctimas del 7 de octubre, la mayoría de las cuales murieron a manos de las propias fuerzas israelíes (la evidencia que ha mostrado la prensa israelí es contundente). Esta presión creciente sigue debilitando al gobierno de Netanyahu y podría influir en sus decisiones.

Palestina, sin embargo, ha logrado que su derecho a la resistencia, incluso armada, ocupe un lugar central en el mundo. Pero seguirá sufriendo el ataque israelí hasta que Estados Unidos lo impida. Aunque la Corte lo dicte, difícilmente Israel detendrá la guerra en lo inmediato, pero se le reconocerá plenamente como potencia ocupante y hará insostenible su discurso de víctima, que ha sostenido su retórica desde su origen. Hoy muestra su verdadera cara a pesar del inmenso esfuerzo propagandístico a su favor: un Estado genocida.

La solución sólo podrá venir de un completo y total reconocimiento de una nación palestina, única, indivisible y laica, donde judíos, musulmanes y cristianos tengan derechos iguales y responsabilidades iguales.

Sudáfrica es el espejo, sin bien difuso por las distintas circunstancias y características de Palestina, en el que podría reflejarse la salida a una ocupación militar ilegal y criminal. La resolución de la Corte definirá hacia dónde apunte el destino de un pueblo sojuzgado y torturado sin misericordia durante décadas. Palestina merece un futuro.

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