Este jueves, 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fue un crimen de estado en el que participaron autoridades federales, estatales y locales, así como el grupo delictivo de Guerreros Unidos. 

“Se acredita plenamente la intervención y la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”. 

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Alejandro Encinas presentó las conclusiones preliminares de los trabajos de investigación que ha realizado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, formada para esclarecer lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

No hay indicio de que los estudiantes se encuentren con vida: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación también dio a conocer que todos los testimonios y las evidencias apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y luego desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, por lo que confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida.

“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Sobre este punto tan doloroso del informe, Encinas reconoció que autoridades e integrantes de la Comisión de la Verdad sostuvieron una reunión “dura y dolorosa” con madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos hace casi 8 años, para darles a conocer los datos hoy presentados de manera pública.

Había un soldado infiltrado entre los normalistas; Ejército Mexicano pudo haber actuado

Al exponer el informe, el subsecretario de Derechos Humanos reveló que había un soldado infiltrado entre los estudiantes, llamado Julio César López Patolzin, por lo que el Ejército Mexicano pudo haber actuado y evitado su desaparición, “pero no lo hizo”.

El soldado infiltrado tenía la misión de ingresar a la Normal Rural de Ayotzinapa para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes, estaba bajo las órdenes del teniente Marcos Macías Barbosa, por lo que este deberá rendir cuentas de su omisión en garantizar la integridad y la búsqueda del soldado.

Encinas destacó que la noche de la desaparición de los 43 normalistas los mandos militares no hicieron nada para buscar a su compañero, pese a que era su obligación y tenían información en tiempo real de su situación; señaló que esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.

Por ello, apuntó que se ha determinado que el Ejército es también responsable de este crimen, al menos, “por acción, omisión o negligencia”.

Cabe recordar que en el pasado, autoridades del Ejército nacional han argumentado que no actuaron la noche de la desaparición de los estudiantes, afirmando que la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.

Expertos rechazan versión del basurero de Cocula

El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, Guerrero, detuvieron a los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, acto en el que participaron otras corporaciones de seguridad y delincuentes, como lo señaló Alejandro Encinas en el informe. 

En contraposición, de acuerdo a la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “Verdad Histórica”, los 43 normalistas fueron entregados al crimen organizado (Guerreros Unidos) quienes los asesinaron e incineró para después arrojar su restos en un basurero del municipio de Cocula y otra parte en un río cercano.

Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han colaborado en las investigaciones, han rechazado tajantemente la versión del basurero de Cocula, y como lo mencionó Alejandro Encinas en el informe de este jueves, han señalado que los 43 normalistas no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, de ellos, solamente se ha identificados a 3 estudiantes a través del análisis de restos óseos calcinados, recuperados gracias a las diligencias.

Asimismo, el subsecretario de Derechos Humanos dio a conocer que existen datos que reviven la hipótesis de que el tráfico de heroína que se realiza en el sur de México.

Cabe recordar que el GIEI solicitó desde 2016 investigar esta hipótesis porque las investigaciones apuntan a que la Policía Federal bajó a los estudiantes de uno de los autobuses (la unidad 1531) que los jóvenes pretendían llevarse, y que escoltó hasta la salida de la Iguala, hecho que sembró la sospecha de que ese vehículo podría haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago (como lo señaló Encinas en el reporte) y que los estudiantes fueron víctimas del crimen organizado tras haber tomado por error el vehículo.

Sobre el tráfico de heroína, México pidió información a Estados Unidos, pero hasta ahora, con el informe presentado por SEGOB, se confirma que el autobús 1531 libró esa noche al menos 16 retenes que habían puesto las Fuerzas Federales y “nunca fue detenido”. Al respecto, Encinas señaló que de acuerdo a mensajes interceptados a presuntos criminales, posteriormente, ahí se encontraba “la mercancía”, la cual “es o droga o dinero”.

Tomás Zerón rechazó acuerdo de criterio de oportunidad por el caso Ayotzinapa

Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Fiscalía del gobierno de Peña Nieto, rechazó un acuerdo de criterio de oportunidad ofrecido por la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, para colaborar en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así lo dio a conocer Alejandro Encinas durante el informe.

Detalló que los padres de los 43 normalistas solicitaron contactar a Zerón de Lucio, lo que derivó en una reunión con la defensa en la ciudad israelí de Tel Aviv, en donde el exfuncionario permanece oculto y prófugo de la justicia.

“Independientemente de ello, a solicitud de los padres y madres de familia, establecimos contacto con los abogados de Tomás Zerón de Lucio que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv, los días el 16 y 17 de febrero del presente año, donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó”.

Tomás Zerón, a quien el Gobierno de México acusa de tortura y desaparición forzada, es el funcionario de mayor rango, conocido, involucrado en este crimen de derechos humanos que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El extitular de la Agencia de Investigación Criminal es considerado el artífice de la supuesta versión oficial de la desaparición de los 43 normalistas, misma que ya ha sido desacreditada por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, cabe mencionar que el GIEI señala en su más reciente informe que la Marina de México formó parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior del caso Ayotzinapa, y tuvo acceso a videos con interrogatorios a 50 detenidos que confirmaron que la tortura de los detenidos fue una práctica sistemática. 

Continúan investigaciones del caso Ayotzinapa, aclara Encinas

El subsecretario Encinas también dio a conocer que ya se presentaron en la Fiscalía General de la República los elementos necesarios para que deslinde responsabilidades de 33 personas, entre las que hay funcionarios federales que no especificó, y en los que no se incluye al expresidente Enrique Peña Nieto. 

Lamentó que 26 “personas clave” en la investigación han muerto o fueron “ejecutadas”, factor que se suma a las dificultades para llegar a la verdad de la desaparición de los 43 normalistas.

Hay que recordar que desde finales de 2020, el Gobierno de la Cuarta Transformación hizo público que había 25 órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, entre los que se encuentran militares y policías federales.

El 26 de septiembre de este 2022 se cumple el octavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, caso que ha cimbrado a México y causado conmoción en diversas latitudes por tratase de una caso evidente de violaciones a los derechos humanos y de la participación de autoridades de diversos niveles.

Es la primera vez que el actual Gobierno de México, “da por muertos a los muchachos”: abogados

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, notificó a las familias de los 43 normalistas desaparecidos, los hallazgos recientes, antes de hacerlos públicos. Asimismo, les garantizó que continuarán las búsquedas como el análisis de todos los restos óseos encontrados, a fin de intentar hallar información genética.

Tras la presentación del informe de la SEGOB, el Centro Pro, asociación civil de Derechos Humanos, que ha acompañado a las familias de los 43 estudiantes, dio a conocer que, por la naturaleza del contenido del documento, los padres de los normalistas tomarán su tiempo para analizar el informe presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, además de solicitar una nueva opinión a los expertos internacionales, antes de fijar una postura.

Los abogados de las familias de los estudiantes, declararon que, “por la dureza de lo informado”, pues es la primera vez que el Gobierno federal, el actual, “da por muertos a los muchachos”.