En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gastó casi 50 millones de pesos en productos alimenticios para su personal según información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consultada por los periodistas Arturo Sánchez Jiménez, Enrique Méndez y Fernando Camacho.

Un artículo de La Jornada refiere que además de los 49.9 millones de pesos que se gastaron en productos alimenticios, el máximo tribunal encabezado por Norma Piña Hernández gastó:

• 1.2 millones en la celebración de fin de año de sus unidades administrativas
• 504 mil pesos en mantenimiento de macetones y jardineras
• Además se hicieron donaciones por 10.9 millones de pesos a Fundación UNAM y a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia

Por otro lado, el órgano fiscalizador mencionó en su informe que al 31 de diciembre de 2023, la SCJN reportó pasivos por 544.7 millones de pesos, “de los que se observó que, al 31 de julio de 2024, aún se mantenía un saldo de 70.7 millones”. Asimismo, la corte erogó cuatro mil 516 millones de pesos en 23 partidas de gasto del capítulo mil servicios personales. De dicho monto:

• 790.8 millones correspondieron a sueldos base de su personal
• Mil 14 millones a compensaciones garantizadas
• 581 millones a asignaciones adicionales al sueldo
• 396 millones a compensaciones de apoyo
• 352 millones a gratificaciones de fin de año, entre otros

“En pasajes aéreos nacionales, pasajes terrestres nacionales y viáticos para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales se ejercieron cinco millones 602 mil pesos”, refieren los periodistas.

8 ministros renuncian

El día de ayer ocho de los 11 ministros de la SCJN remitieron a la Mesa Directiva del Senado su declinación a participar en el proceso electoral de junio del próximo año. En ese sentido, la Cámara alta recibió las renuncias de:

• Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
• Margarita Ríos Farjat
• Jorge Mario Pardo Rebolledo
• Alberto Pérez Dayan
• Javier Laynez Potisek
• Juan Luis Alcántara
• Norma Piña Hernández
• Luis María Aguilar (quien concluye su gestión a finales de noviembre)
  

Cabe mencionar que los ocho ministros se acogieron al artículo séptimo transitorio de la reforma judicial, en el que se establece que de no contender en el proceso electoral de junio de 2025, debían presentar su renuncia a más tardar el 30 de octubre.

Dicha renuncia se hará efectiva a finales de agosto del próximo año y podrán retirarse con sus pensiones y demás prestaciones millonarias. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comentó que analizarán las renuncias.

 El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se posicionó sobre la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que busca tumbar la elección judicial.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, consideró que si el ministro Juan Luis González Alcántara hace valer su proyecto y es votado por la mayoría del pleno de la SCJN, incurrirían en una “grave” violación a la Constitución y al poder reformador de la Carta Magna. 

“No hay capacidad jurídica por parte de ellos. No les está facultado tener control jurisdiccional sobre adiciones y reformas a la Constitución. Se extralimitarían, serían facultades exorbitadas. Invadirían el Poder Legislativo y sus facultades. Todo esto sería una verdadera aberración”, sostuvo.

Monreal agregó que tras la aprobación de la reforma en materia de supremacía constitucional, “procede declararse totalmente improcedente cualquier recurso que se interponga contra reformas y contra adiciones a la Constitución”.

Ministro busca tumbar elección judicial

Cabe recordar que esta semana el mencionado ministro publicó un proyecto de inconstitucionalidad para invalidar algunos puntos de la reforma judicial que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hace más de un mes.

Entre los puntos, el ministro busca invalidar la elección de jueces y magistrados a través del voto popular. Además, en su propuesta, cuya discusión está programada para la próxima semana, planteará que se invalide la figura de jueces sin rostro.

Vale la pena resaltar que el togado publicó su proyecto de resolución respecto de las acciones de inconstitucionalidad planteadas por legisladores de la oposición. En el documento consideró que la reforma judicial “atenta contra la independencia judicial”. No obstante, para que el documento sea aprobado requiere de ocho votos de sus compañeros en el pleno. Y al menos tres ministras se han pronunciado públicamente a favor de la reforma judicial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) logró la vinculación a proceso de Ricardo Márquez Blas, coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por su presunta participación en un caso de abuso sexual ocurrido en agosto en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la continuación de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juez de control:

• Resolvió dictar auto de vinculación a proceso por la posible comisión del citado delito
• Ratificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta desde la audiencia inicial
• Fijó 30 días de plazo para el cierre de la investigación complementaria

Previamente, el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, reunió los datos de prueba y formuló la imputación correspondiente.

Cabe mencionar que la defensa no pudo desvirtuar la imputación, ni tampoco que el impartidor de justicia modificara la medida cautelar impuesta.

De acuerdo con las indagatorias del representante social, el ahora imputado probablemente realizó actos catalogados como abuso sexual en agravio de una mujer.

Excolaborador de García Luna

Esta noticia captó los reflectores debido a que Ricardo Márquez fue colaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México que recientemente fue condenado a 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico. Además, el acusado ha sido un funcionario cercano a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández.

De acuerdo con la dependencia capitalina, los hechos ocurrieron en agosto cuando una empleada del órgano jurisdiccional denunció a Ricardo Márquez ante el Ministerio Público. La mujer que mantiene su identidad en anonimato, lo acusó de haberla violado en las instalaciones del máximo tribunal.

AMLO acusó la contratación de Ricardo Márquez

En agosto del año pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la ministra Norma Piña de haber contratado a Ricardo Márquez, a quien calificó como uno de los brazos derechos de García Luna. 

En ese momento pidió que se investigara si el funcionario estaba involucrado en alguna carpeta de investigación relacionada con el calderonista. Además refirió que la información la había hecho pública a petición de los mismos trabajadores del Poder Judicial que no estaban de acuerdo con la designación.

“La presidenta de la Suprema Corte acaba de contratar a uno de los más cercanos de García Luna. Se va a tener que investigar si no está involucrado en delitos o carpetas de investigación (sic)”, dijo.