La Constitución mexicana reconoce en su artículo 4° el derecho a una vivienda “digna y decorosa”, también es un derecho humano reconocido internacionalmente. 

Sin embargo, la realidad se aleja del cumplimiento de este objetivo. Esto se debe básicamente a tres procesos distintos pero que, en conjunto, provocaron que la vivienda fuera cada vez menos accesible: el aumento del costo de las viviendas, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo y el crecimiento de la industria inmobiliaria que transforma la vivienda en mercancía. 

En las últimas tres décadas el poder adquisitivo del salario en México tuvo una pérdida de cerca del 70%, mientras que el costo de la vivienda aumentó hasta un 48% en los últimos 16 años. 

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador el salario mínimo en México acumuló un incremento inédito de 110% entre 2018 y 2024, es decir, nadie puede ganar menos de 7,468 pesos al mes. Aún así, los salarios no han podido recuperarse del desfase de las políticas neoliberales, actualmente el poder adquisitivo de los salarios está prácticamente a la par del que se tenía en 2005.

Financiarización

Entonces, si los ingresos no son suficientes para adquirir viviendas, ¿por qué sigue subiendo su precio? Los aumentos en el precio de la vivienda son una tendencia global ampliamente explicada por el proceso llamado financiarización de la vivienda.

Este proceso implica que, más allá del objetivo básico que tiene de satisfacer la necesidad humana de un hogar, la vivienda se convierte en una forma de inversión. 

Como si fuera una acción en la bolsa de valores, los mercados financieros invierten en construcción inmobiliaria y requieren que el valor de las viviendas suba lo más que se pueda para generar más rendimientos anuales de los inversionistas.

María Silvia Emanuelli, coordinadora en América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés) explica que cuando se refiere a financiarización, hablamos de situaciones absurdas como las que se identifican, por ejemplo, en el documental Push (2019), donde se relata como muchas veces se construye vivienda, no para la gente sino para el mercado, “para seguir activando la economía; para seguir moviendo estás inversiones, y no importa si esta vivienda va a ser, o no, habitada”.

Sólo una minoría puede vivir en Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, gobernada ininterrumpidamente por el Partido Acción Nacional (PAN) desde el año 2000, es un ejemplo concreto de cómo la financiarización—es decir, la deconstrucción de la vivienda como un bien social y su transformación en una mercancía y activo financiero— excluye del derecho a la vivienda a la mayoría de los mexicanos y encarece los precios de bienes inmuebles. 

Los grandes tenedores de vivienda, así como aquellas empresas inmobiliarias que promueven la vivienda como un activo financiero, son en gran medida las culpables de ejercer estrategias de especulación de precios, llegando al grado de preferir tener viviendas vacías dentro de su cartera que aceptar la disminución de precios.

Tal es el caso del desarrollo inmobiliario de Mítikah, ubicado en el pueblo de Xoco y propiedad de Fibra Uno, un fideicomiso donde inversionistas permiten que su dinero se utilice en la operación, adquisición, venta y desarrollo de bienes raíces llamado para uso comercial. 

De acuerdo con una publicación en Inmuebles24, los 600 departamentos ofertados en la Torre Mítikah oscilan de los 11 millones hasta los 38 millones de pesos; por lo que se tendrían que tener ingresos mensuales mínimos de aproximadamente un millón de pesos para comprar el departamento más barato. 

Pero en México solo el 10% más tiene ingresos comprobables al mes de arriba de 50 mil pesos (ENVI, 2020). Esto significa que la mayoría de departamentos de Mítikah podrían quedar vacíos. En la ecuación no existen quienes necesitan la vivienda para vivir.

‘Boom inmobiliario’ y corrupción

Francisco Luna, doctorante en geografía urbana por la Universidad Autónoma de México (UNAM) detalla que en Benito Juárez, casi el 90% de la vivienda que se produjo entre el 2000 y el 2020  se construyó por los mercados inmobiliarios y cerca del 40% es vivienda en renta. 

Además, muchas de esas viviendas construidas se relacionan con la red de corrupción conocida como el “Cártel Inmobiliario”, donde un grupo de exfuncionarios públicos del PAN autorizaron permisos a empresas constructoras e inmobiliarias para construir edificios irregulares con pisos de más a cambio de sobornos.

“Es una condición sumamente grave que habla de la vinculación entre  fines de lucro de las inmobiliarias o de las constructoras con  gobiernos locales que no tendría por qué estar pasando”, añade Luna. 

La especulación de precios tanto de la compra como de la renta encarecen la vivienda y generan otras problemáticas como el desplazamiento de personas que no pueden pagar los precios, nuevos usos como grandes centros comerciales o edificios de oficinas y falta de agua. 

“Creo que refleja un proceso alarmante que refiere a cómo las personas no pueden acceder a la vivienda  porque  los ingresos están bastante distantes de los costos”, comenta el investigador y detalla que hay otras ciudades tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y en Europa que se encuentran procesos parecidos a los observados en Ciudad de México.