La empresa Banco Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, tomó la decisión de retirar la solicitud de amparo que presentó en agosto de 2020 en contra de diversas disposiciones emitidas por el Banco de México.

Lo anterior, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad el proyecto del ministro Jorge Mario Rebolledo, quien propuso negar el amparo a Banco Azteca.

“Primero: se tiene por desistida la parte quejosa de la presentación de la demanda de amparo, así como de la interposición del presente recurso de revisión. Segundo: se revoca la sentencia recurrida. Tercero, se sobresee en el juicio de amparo. Cuarto, queda sin materia la revisión adhesiva”, se indicó en el proyecto.

¿Qué ocurrió?

Cabe recordar que la entidad financiera encabezada por Salinas Pliego se amparó ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México contra los artículos 17 Bis, Primero y Tercero Transitorios, relativo a las modificaciones a la circular 3/2012, en las que se instrumentan las transferencias electrónicas por cobro digital (CoDi).

Autoridades de Banco Azteca indicaron que supuestamente, el Banco de México se extralimitó en sus funciones respecto a diversas disposiciones para regular el sistema de pagos interbancarios.

En primera instancia, dicho juzgado sobreseyó en el juicio y negó el amparo a Banco Azteca. Luego, la institución de Salinas Pliego, personaje que debe millones al fisco mexicano, interpuso un recurso de revisión.

No obstante en el proyecto que presentó, el ministro declaró infundados los argumentos de Banco Azteca. Según especificó, al tratarse de un órgano autónomo, cuenta con la facultad constitucional de emitir disposiciones administrativas de carácter general “exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia”.

En enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el Gobierno de México contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), y su esposa, Linda Cristina Pereyra.

Así lo informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la conferencia matutina, como parte de la actualización del caso.

El funcionario recordó la demanda civil presentada por el gobierno federal en septiembre de 2021 ante una corte en el estado de Florida, Estados Unidos, que reclama 634 millones de dólares. Dicho juicio, según mencionó el titular de la UIF, aún se encuentra en etapa de descubrimiento probatorio. Es decir, “en donde las partes recaudan o aportan evidencias”.

Dinero vuelve a las arcas públicas

Además, señaló que la UIF ha detectado 16 empresas receptoras de dinero defraudado de México por la red de desfalco de García Luna que envió los recursos a paraísos fiscales y luego los retornó al país. En ese sentido, explicó que se han logrado reintegrar a la Tesorería de la Federación alrededor de dos millones de dólares. Así como un bien inmueble que no se ha vendido por valor de 555 mil 800 dólares.

“Hay una segunda recuperación lograda, muy pequeña. En un proceso de mediación de alguien que no estaba vinculado con el directamente demandado permanentemente, pero sí tuvo un vínculo. Le hicieron pagar 150 mil dólares adicionales. Y también están siendo entregados a la Tesorería de la Federación”, declaró.

Por otro lado, el funcionario explicó que de las 19 propiedades aseguradas en este juicio en Miami, ocho fueron liquidadas, es decir, se vendieron. Y el dinero está a resguardo de un agente fiduciario del gobierno mexicano hasta que se lleve a cabo el juicio. Además, “cinco fueron objeto de la recuperación y seis más siguen aseguradas”.

“Este juicio tiene como propósito romper la maldición de que quien roba al pueblo jamás regresan nada. Antes no tuvimos un gobierno así. Esta es la primera vez”, comentó.

Atrasan sentencia de García Luna

Cabe recordar que García Luna, quien fuera brazo derecho de Felipe Calderón, fue declarado culpable de cinco cargos en 2023, cuatro de ellos relacionados con narcotráfico. Actualmente está a la espera de su sentencia.

Sin embargo, la fecha de la audiencia para emitir la sentencia penal contra el calderonista, fue aplazada al 9 de octubre de este año por orden del juez federal Brian Cogan. Este último, es el encargado del juicio del exfuncionario mexicano.

Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aclararon este miércoles que dicha dependencia no tiene ninguna investigación en contra del periodista Carlos Loret de Mola.

En conferencia de prensa, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, explicó que el periodista no es parte de una denuncia que presentó dicha dependencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del medio Latinus —ligado a políticos priístas— por delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“De las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus”, señaló.

En ese sentido, Pablo Gómez detalló que Latinus es un consorcio en sí mismo, y no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan o prestan servicios ahí. Dicho medio fue denunciado el 20 de mayo de 2021 por los delitos previamente mencionados. Además, aprovechó para responder al comunicador que se ha dicho perseguido.

“Le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión, cuando vengo del movimiento del 68. La generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio”, sentenció.

Integración de Latinus

Asimismo, durante su intervención en la conferencia de prensa, el funcionario explicó que Latinus está integrado por cinco empresas como Latinus Media Group. También está Latinus Media Radio, S.A., Latinus Media Mx, S.A. de C.V.

“Existen otras dos empresas que son utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programatic y una empresa que se llama BCG Limited Consulting, S.A de C.V. Estas empresas cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas”, dijo.

A cambio, explicó se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso y que son independientes. En las gráficas que mostró Pablo Gómez, se observa que el dinero federal se refiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El dinero de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas. De manera indirecta a través de estos negocios de salud, de Estado de México, Michoacán e Hidalgo en los años que están ahí señalados”, mencionó.

Por otro lado, señaló que hay una tercera empresa de Latinus establecida en Delaware, Estados Unidos. Al respectó indicó que “Delaware es algo así como la única zona de paraíso, paraíso fiscal financiero, lavador de dinero, en el territorio continental de los Estados Unidos”.