El Instituto Nacional Electoral (INE) pausó la organización de la elección de magistrados, ministros y jueces establecida en la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) ante las suspensiones hechas por jueces en contra del proceso.

En entrevista, la consejera Norma Irene de la Cruz, integrante de la Comisión Temporal del Proceso Judicial, dijo que supuestamente hay contradicciones en la iniciativa aprobada en el Congreso. Además de las leyes secundarias y la convocatoria, por lo que su elección aún está en pausa en el INE.

“Estamos viendo que el decreto dice una cosa. La (ley secundaria) otra. La convocatoria dice otra. Entonces obviamente estamos en este proceso de análisis. Y hasta que nos digan formalmente si podemos continuar con los trabajos o no lo estaremos haciendo”, señaló.

Además mencionó que hay una serie de suspensiones de amparo que esperan ser resueltas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por su parte los consejeros Jorge Montaño, presidente de la comisión en referencia, y Carla Humphrey se manifestaron en términos similares. Esto, en el sentido de esperar a la resolución de las suspensiones provisionales. Así como de la sentencia de la Sala Superior, respecto al juicio electoral.

Descartan contradicciones en la reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró en días pasados que dentro de la reforma judicial no existe ningún tipo de contraposición entre artículos. Esto, debido a que lo que tiene validez son las últimas modificaciones constitucionales que fueron aprobadas.

Por lo anterior, hizo un atento llamado a reconocer que la elección popular de jueces, magistrados y ministros será una realidad, pues así lo decidió el pueblo de México.

“Que acepten que ya hay una reforma constitucional. Que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros porque es una decisión del pueblo de México”, puntualizó.

Añadió que dentro de la reforma al Poder Judicial no existen inconstitucionalidades, como lo quieren hacer ver algunos partidos políticos, quienes recordó, no tienen injerencia en el proceso de elección. Asimismo, destacó que dentro de esta reforma se implementaron artículos transitorios. Entre ellos el décimo segundo, en el que se establece que todas las disposiciones que se opongan a esta iniciativa serán derogadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la transformación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, con el objetivo de cumplir con la elección del pueblo de México de continuar eliminando la corrupción.

“Pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicar la corrupción”, dijo durante la conferencia matutina.

La actual secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro Sánchez y próxima titular de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó la dependencia parte de los resultados del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la separación entre el poder político y el poder económico; la entrega directa de Programas para el Bienestar; la eliminación de la condonación de impuestos y la aplicación de austeridad republicana, lo que llevó a que en el periodo 2019-2023 se redujeran 11.2% los actos de corrupción, y ocho puntos porcentuales la percepción de este indicador.

Detalló que es de vital importancia mantener los esfuerzos para combatir la corrupción, ya que los delitos de esta índole:

• Afectan el Estado de derecho
• Restan eficiencia y confianza en las instituciones
• Reducen los ingresos gubernamentales
• Inhiben las inversiones
• Generan desigualdades
• Limitan el acceso a los servicios públicos

¿Cuáles serán los pilares de la nueva secretaría?

Asimismo sostuvo que con la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno el enfoque pasa de ser correctivo a preventivo y con visión de alcance transversal. Lo anterior significa que tendrá injerencia en todas las dependencias de gobierno, donde se implementarán acciones para combatir a la corrupción, como:

1. Dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad
2. Acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar programas prioritarios desde el comienzo para inhibir la corrupción
3. Modernizar la Administración Pública Federal (APF) con ayuda de la digitalización y sistematización que realizará la Agencia de Transformación Digital
4. Consolidar compras públicas transparentes a precios justos
5. Transparencia proactiva
6. Sumar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción
7. Enfocar a los Órganos Internos de Control (OIC) en áreas de mayor impacto y relevancia
8. Fortalecer la cultura de la denuncia
9. Realizar investigaciones que inhiban la corrupción
10. Combatir la impunidad al hacer que violar la ley sea más caro que cumplirla

Informó que con estos 10 pilares la nueva dependencia busca cumplir en sus primeros 100 días una reestructura de la APF en coordinación con la Consejería Jurídica y con la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacerla una organización más eficiente; comenzar con el acompañamiento a proyectos como el Tren Maya, así como otros programas estratégicos en el sector salud y de seguridad alimentaria.

Se presentarán reformas

Asimismo, se presentarán reformas en la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas; se implementará la primera rueda de negocios entre compradores públicos, pequeñas y medianas empresas para eliminar el intermediarismo; y finalmente la recuperación de la información histórica contenida en el sistema Compranet para que la ciudadanía pueda consultarla.

Buenrostro señaló que con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno llegará una nueva era de la transparencia en México, para lo cual se buscará reformar la Ley General de Transparencia, evitando que esta dependencia sea juez y parte mediante participación de tribunales administrativos.

“Con todas estas acciones preventivas lo que buscamos es cerrar la puerta a la corrupción, cerrársela definitivamente y combatir la impunidad, con todo ello y con un gobierno que sea íntegro, más eficiente y cada vez más cercano a la gente, todo esto de la mano. Y para eso ayuda también la transparencia, para que la sociedad y el pueblo sea involucrado y evalúe lo que el gobierno está haciendo, el pueblo manda y el gobierno es para el pueblo”.

El Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) que revierte la reforma energética aprobada en 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Con esta reforma se busca modificar la naturaleza jurídica de las empresas del Estado en materia energética. Lo anterior para proveer al pueblo de México de electricidad y servicios de internet al menor precio posible.

La asamblea avaló el dictamen en lo general con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención. En lo particular, senadores de oposición presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea. Mientras que los artículos reservados fueron aprobados en sus términos con 86 votos a favor y 39 en contra.

De esta manera, la reforma alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación. Tras el resultado el proyecto fue enviado a las legislaturas estatales para su consideración.

Empresas públicas del Estado

Con los cambios se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales. Lo que, dicho sea de paso, desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad. Y además, lo redujo a la mera obtención de utilidades.

Ese concepto se reemplazó por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Pemex y CFE su carácter público para cumplir con su responsabilidad social. Asimismo, la reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica. Pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado.

Además, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea. Así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.

La senadora Laura Castillo Juárez, del cuadro guinda, expresó que el proyecto “da pasos firmes” para la recuperación de la soberanía energética del país. Y con ello se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, que lo único que pretendía era “desmantelar” a Pemex y CFE. “Chatarrizarlas y entregarlas al mejor postor”, acusó.