La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la reforma laboral mexiquense permitió atender un rezago de más de 51 mil expedientes de conflictos laborales, pues en cuatro años se han realizado 22 mil convenios conciliatorios por un monto de más de 900 millones de pesos.

“Con El Poder de Servir seguiremos colaborando de manera conjunta con el Poder Judicial e instituciones para el bienestar de las y los mexiquenses, porque coincido totalmente que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y una buena coordinación”

Atención jurídica a trabajadores

Durante la inauguración del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo: A Cuatro Años de la Reforma de Justicia Laboral, la mandataria estatal detalló que se emitieron más de 10 mil 700 constancias de no conciliación, lo que representa el 67% de efectividad en conciliación previa a la etapa judicial. 

Además, informó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo estatal asesoró y representó de forma pública y gratuita a más de 79 mil 200 personas trabajadoras en coordinación con los sindicatos y las empresas en el Estado de México, lo que implicó saldar una deuda histórica con los trabajadores.

Construcción de seguridad laboral

En ese contexto, Delfina Gómez se comprometió a construir un gobierno que trabaje para consolidar un sistema laboral que proteja los derechos de trabajadores, sindicatos y empresas; ya que eso permitirá dar certidumbre a las empresas y atraer inversiones para la entidad.

En su oportunidad, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, destacó que el modelo de justicia laboral implementado en la entidad se ha convertido en un referente nacional, ya que permite solucionar en menor tiempo los conflictos laborales.

La presidenta municipal de Texcoco, Elizabeth Terrazas Ramírez, inauguró el módulo donde será instalado el primer Centro de Control y Videovigilancia de Emergencias (C2) de la región oriente del Estado de México, donde se realizará el monitoreo, análisis y atención de contingencias en el municipio.

Con una inversión de un millón 248 mil 537 pesos, el primer C2 atenderá las emergencias que se presenten en Texcoco, en coordinación con las direcciones generales de Seguridad Pública y Movilidad y de Protección Civil del municipio.

En ese sentido, la edil destacó el compromiso de las y los servidores públicos que participarán, pues “la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria se ha distinguido de todas las corporaciones en el Estado de México por ayudar, socorrer en accidentes, salvar nuestros montes”.

Atención a emergencias y monitoreo

Por su parte, Rubén Mata, subdirector de Protección Civil, informó que Texcoco tendrá el segundo C2 a nivel estatal, pues el primero se encuentra en la Cruz Roja de Toluca.

Además explicó que las emergencias se canalizan al C4 del municipio y C5 del gobierno del Estado de México, ya que que los 125 municipios se apoyan en los centros de monitoreo y radiocomunicación de seguridad pública en la capital mexiquense.

Igualmente, el funcionario adelantó que desde el nuevo centro de monitoreo se podrá dar atención oportuna y seguimiento a:

• Clima
• Sismos
• Incendios forestales
• Tipos de vientos
• Vialidades complicadas

“La finalidad de que protección civil esté a la vanguardia regionalmente y tengamos esa capacidad de poder resolver o atender una situación de riesgo”, concluyó Mata Delgado.

¿Cómo es el módulo de Texcoco?

Cabe mencionar que el módulo todavía no está equipado para dar atención, sin embargo la Dirección de Obras Públicas de Texcoco informó sobre la construcción de inmueble del C2, lo que representa un avance significativo para mejorar la seguridad en el municipio.

En ese sentido, se realizó la construcción del módulo de dos plantas, en un total de 60 metros cuadrados con instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, loseta y zoclo en pisos, así como luminarias tipo urbana en perímetro y colocación de muebles sanitarios.

Finalmente la presidenta de Texcoco afirmó que aún tienen pendientes con el área de Protección Civil, como la entrega de tanques de oxígeno para que los bomberos puedan realizar su trabajo con seguridad y en beneficio de la ciudadanía.

Luisa Esmeralda Navarro Hernández, persona no binaria y legisladora por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de México, presentó una iniciativa para tipificar el transfeminicidio como delito y sancionar con penas de 35 a 70 años de prisión a quien lo cometa.

¿Cuál es la propuesta?

La iniciativa propone reformar el Código Penal del Estado de México y adicionar el artículo 281 Bis para establecer que comete el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad de género y/o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o persona que se identifique como femenina, o parte de las poblaciones LGBTTTIQ+ en una intersección de violencias transfóbica y misógina.

Para ello se enlista una serie de razones de identidad y/o expresión de género por las cuales se pudiera considerar como violencia relacionada con la diversidad sexual, como: 

• Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo
• Que presente lesiones o mutilaciones
• Antecedentes de amenazas o acoso, entre otros.

Transfeminicidio en México

De acuerdo con Navarro Hernández, entre 85 mil y 170 mil mexiquenses son personas trans y según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante 2020 se documentaron al menos 16 asesinatos de personas trans en el Estado de México. Por ello destacó la importancia de abordar y erradicar la violencia por razones de identidad y expresión de género.

Asimismo, citó datos sobre la violencia que sufren las personas integrantes de la comunidad  LGBTTTIQ+, por ejemplo, de acuerdo al Centro de Apoyo de Identidades Trans, de 2007 a 2021 se reportaron 590 asesinatos de personas trans en todo México, es decir, 53 en promedio al año.

También Esmeralda Navarro insistió en que la encuesta nacional sobre la discriminación en el 2017, reveló que el 60% de las personas trans han experimentado discriminación en el ámbito laboral, lo cual disminuye sus oportunidades de empleo, perpetuando ciclos de marginación y vulnerabilidad, vulnerabilidad económica.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y a la de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.