El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) impugnará la decisión de un juez de reintegrar el pago de la pensión por viudez, de 125 mil pesos mensuales, a la presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar.

El mandatario destacó que cuando se identificó este caso, Pemex estaba obligado a denunciarlo porque, dijo, son de esos casos emblemáticos “que ayudan mucho a explicar cómo es el teje maneje de la política o de la politiquería”.

López Obrador cuestionó el actuar del Juez y sostuvo que hubo un problema de origen. Explicó que con la ley Zedillo, si el sueldo de un trabajador era diez mil pesos, iba a recibir tres mil pesos de pensión, pero en estos casos las pensiones son de 125 mil. 

Pensión de Pemex indebida

Hace unas semanas, Octavio Romero, director de Pemex, señaló que Amparo Casar había incurrido en fraude por un monto de 31 millones de pesos al haber sido beneficiaria de manera indebida de un seguro de vida y una pensión mensual desde hace casi 20 años por el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez.

No obstante, ambos beneficios se otorgaron antes de que se determinara la causa de muerte, que fue por suicidio. Además, el director de Pemex explicó que ninguna de las dos prestaciones aplican en ese caso, por lo que los pagos se realizaron de manera indebida.

Juez ordena que se pague pensión

La semana pasada, la quejosa presentó una demanda de amparo para que se le restituya el beneficio que recibe mensualmente desde octubre de 2004, pues declaró que se le dejó de pagar pero “no recibió notificación”.  

En ese sentido el juez Ricardo Guzmán Wolffer le concedió la suspensión de plano a la viuda, con lo que ordenó a Pemex que se reintegren los pagos vencidos y los que se generen en un plazo de 24 horas.

Por su parte, el viernes pasado Pemex notificó al juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, que se realizaban las gestiones para dar cumplimiento a la orden del juez. Por ello, el impartidor de justicia amplió el plazo por otras 24 horas, para que la paraestatal cumpla con la medida cautelar.

En una ponencia organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) expertos coincidieron en que las noticias falsas y  desinformación afectan la democracia, los procesos electorales y pueden provocar un “voto ciego” entre los ciudadanos.

Máximo Zaldívar, director general para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, expuso que la desinformación también afecta la credibilidad de los órganos electorales, los cuales, según dijo, actúan de manera reactiva en 88% de las ocasiones. Además las respuestas ante la desinformación no son efectivas, como la emisión de comunicados.

Destacó el caso de Brasil, que a través de presión judicial ha generado una normativa que obliga a las empresas de redes sociales a retirar una noticia falsa en dos horas, de lo contrario serían objeto de multas muy altas.

Grupos que financian desinformación

bien se desconoce de dónde surge los recursos para las granjas de bots o cuentas que replican información falsa, Zaldívar explicó que las fuentes de financiamiento generalmente son cercanas a partidos políticos o grupos cercanos al poder con capacidad financiera para adquirirlos, los cuales rayan en lo ilícito.

Por su parte, el consejero electoral Mauricio Huesca afirmó que se debe fortalecer la educación cívica, promover la alfabetización digital y fomentar una cultura de orientación e información. Además subrayó la necesidad de que las instituciones electorales deben contar con herramientas para hacer frente a la manipulación de la información, generar cooperación internacional y endurecer la seguridad cibernética.

Campañas negras con cuentas de noticias

Este asunto es de suma importancia durante este periodo electoral, pues desde hace unos meses, aspirantes a diversos cargos y militantes han denunciado diversas campañas de desinformación y calumnias.

Uno de los casos más sobresalientes es el del uso de las etiquetas #NarcoPresidente y #NarcoPresidente en la red socio digital X. Esta campaña mediática ha intentado atacar y relacionar con el narcotráfico al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con un estudio del investigador en temas digitales Julián Macías, es una campaña sin precedentes, pues se han registrado hasta 30 millones de mensajes en contra de la Cuarta Transformación. Además el analista detectó patrones en las publicaciones que demuestran que es una campaña orquestada “por grupos de derecha y de extrema derecha de México, España y Estados Unidos”.

Otro caso de desinformación y noticias falsas se presentó durante la emergencia por ‘agua contaminada’ en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. En ese caso, la autoridades capitalinas tomaron muestras del agua afectada y realizaron los estudios correspondientes que descartaron la presencia de gasolina en el líquido.

No obstante, en redes soco digitales y otros medios se difundió información falsa que afirmaba que el agua estaba contaminada con gasolina. Incluso un supuesto portal de noticias difundió la noticia de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) había recibido el primer caso grave intoxicación por hidrocarburos, lo cual el mismo instituto de salud desmintió.

Un juez de control aplazó la audiencia intermedia por el caso de Agronitrogenados de Emilio Lozoya Austin, quien fue director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El pasado miércoles, Lozoya arribó a las instalaciones del Reclusorio Norte de la Ciudad de México en un automóvil Mercedes Benz para comparecer por el caso Agronitrogenados. Se trata de una trama de corrupción, en la cual presuntamente recibió sobornos de 3.4 millones de pesos de la empresa Altos Hornos de Mexico (AHMSA) en 2013 a cambio de que Pemex comprara la planta de fertilizantes Agronitrogenados con sobreprecio de casi 200 millones de dólares.

FGR denuncia falta de imparcialidad

El juez Genaro Gerardo Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal, se abstuvo de llevar a cabo la audiencia del exfuncionario peñista hasta que un tribunal colegiado de apelación resuelva la solicitud de impedimento que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR).

En septiembre del 2023, Gerardo Alarcón resolvió dar ‘carpetazo’ al juicio del caso Agronitrogenados. En respuesta, la FGR criticó dicha resolución como “ilícita, injusta y notoriamente parcial” y presentó una denuncia en contra del juez.

Además un tribunal federal ratificó la decisión de excluir pruebas financieras en contra de Emilio Lozoya, por el caso de los sobornos de Odebrecht. Por ello, la Fiscalía acusó que el exfuncionario de Pemex sólo ha obtenido de jueces y magistrados privilegios procesales injustos y desproporcionados.

Por último acusó que el juez Alarcón López benefició a Lozoya injustamente excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados.

Trabas al caso Agronitrogenados

Luego de esa resolución, el Poder Judicial suspendió de manera temporal la reapertura del caso Agronitrogenados.

En ese sentido, el pasado 25 de marzo, un tribunal federal ordenó reabrir el proceso contra Lozoya. Sin embargo, el 12 de abril, el titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Rubén Darío Noguera Gregoire, concedió al exfuncionario la suspensión definitiva contra una determinación de julio de 2023 para la reapertura del caso de la planta. El juzgador declaró improcedente la prescripción del delito de lavado de dinero por el que se le acusa.

Anteriormente, el mismo Juez había otorgado una suspensión provisional a Emilio Lozoya ante la reapertura del caso relacionado con el soborno recibido por Altos Hornos de México.

Además Noguera Gregoire también concedió la suspensión provisional en favor de una demanda presentada por su defensa desde el año pasado, con la cual busca refutar la negativa de prescripción de los delitos que interpuso la FGR, dependencia que lo señala por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cabe recordar que Emilio Lozoya pasó dos años recluido en prisión por presuntamente recibir sobornos millonarios por la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012. No obstante, el pasado 20 de febrero obtuvo la medida cautelar de prisión domiciliara.