La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra de María Amparo Casar y sus hijos, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia en su contra por presunta corrupción e influyentismo en el cobro de la pensión y seguro de vida de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien se suicidó en 2004.

A través de un comunicado fechado el 13 de mayo, la FGR informó que recibió una denuncia por parte de Pemex en contra de la presidenta ejecutiva de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuyo fundador fue el empresario Claudio X. González Guajardo.

En el texto, la Fiscalía señala que la denuncia es en contra de tres particulares: María “N” y sus hijos, Fernanda “N” y Carlos “N”, por la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte de Márquez Padilla. Al igual que por las autoridades de contenido económico que concedieron los servidores públicos para dicho efecto.

La FGR también detalló que el 12 de abril fue citada la denunciante para que precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos. Ese hecho ocurrió el 15 de abril y posteriormente derivó en la apertura de la carpeta de investigación.

“De conformidad con la normatividad, se procedió a formular el plan de investigación, solicitando información que es indispensable en el caso, la cual se está recabando”, mencionaron las autoridades en el texto.

Juez ordena reintegración de pensión

El pasado 10 de mayo, un Juez federal ordenó a Pemex reintegrar el pago de la pensión por viudez a María Amparo Casar. Esto luego de que la afectada interpuso un recurso legal en el que aseguró que se le retiró el pago sin notificación alguna.

En ese sentido, el Juez le concedió una suspensión de plano, por lo que la empresa paraestatal contaba con 24 horas para cumplir con el ordenamiento. Por otro lado el lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López anunció que Pemex impugnaría la resolución del juez.

Pensión indebida

La presidenta de MCCI recibe una pensión vitalicia desde 2005 por el fallecimiento de su esposo, Fernando Márquez Padilla, trabajador de Pemex. De acuerdo a Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Amparo Casar recibió un acumulado de 31 millones de pesos hasta febrero de este año.

Sin embargo, la empresa petrolera le retiró el pago desde marzo al detectar que el beneficio económico era ilegal, pues se concedió aunque Márquez Padilla falleció por suicidio y no por un accidente de trabajo, entre otras irregulares.

Por ejemplo, Padilla García sólo había trabajado cuatro meses en Pemex cuando falleció, por lo cual, no cumplía con los requisitos de antigüedad para recibir las prestaciones de las que se benefició Casar y que establecen la obligatoriedad de laborar por periodo de más de dos años.

Por otro lado, el Presidente López Obrador expuso el caso en su libro ¡Gracias!, donde relató que después del suicidio de Padilla García, Amparo Casar, en compañía del escritor Héctor Aguilar Camín, acudieron con el entonces procurador capitalino Bernardo Bátiz para solicitarle que cambiaran el acta de defunción “modificando lo del suicidio por accidente” para recibir los beneficios de Pemex; una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años.

El gobierno federal extendió la protección a candidatos y candidatas a diputaciones locales y presidencias municipales, aunque al inicio del proceso electoral se acordó que las autoridades estatales serían las encargadas de su seguridad.

Así lo informó Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo detalló que las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (GN) brindan servicio de protección a 469 personas, de los cuales 286 son aspirantes a cargos locales, 183 que buscan cargos federales y a cuatro funcionarios relacionados con el proceso electoral.

En ese sentido detalló el número de elementos que se encargan de brindar seguridad a los siguientes candidatos:

• Cada uno de los tres aspirantes a la Presidencia de la República cuenta con la protección de 24 elementos
• 286 candidatos a cargos locales y cuatro funcionarios cuentan con 6 elementos cada contendiente
• 11 aspirantes a gubernaturas estatales también son cuidados por diez elementos
• 165 candidatos a senadores y diputados son protegidos por seis elementos cada aspirante

De acuerdo a los datos de la Sedena, en total participan dos mil 912 miembros de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional.

Refuerzan protección a candidatos

Cabe recordar que durante el arranque de las campañas para cargos locales, el pasado 1 de abril, asesinaron en Celaya a Bertha Gisela Gaytán, la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a dicha presidencia municipal.

Al día siguiente, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que la morenista había solicitado protección al Instituto Nacional Electoral (INE) y le correspondía al gobierno de Guanajuato brindar la seguridad. No obstante, las autoridades estatales le negaron la protección a la candidata.

Además, el estado gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 33 años, es uno de los estados más inseguros del país con un promedio de 11.4 homicidios diarios. Así lo demuestran las cifras registradas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pues tan solo de enero a noviembre de 2023 se contabilizaron dos mil 400 víctimas de homicidio doloso y en cinco años el gobierno de Diego Sinhue suman 13 mil 991 homicidios dolosos.

Luego del incidente, el gobierno federal reforzó la protección a candidatos y candidatas con ayuda de elementos de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas.

Sedena brinda seguridad a las elecciones

Por otro lado, el secretario de la Defensa agregó que derivado de una solicitud oficial del INE, la dependencia a su cargo proporciona seguridad en diversas acciones ligadas al proceso electoral en curso.

En la estrategia participan cinco mil efectivos del Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional que se encargan de brindar seguridad a:

• La papelera donde se está produciendo la materia prima para el papel de las boletas
• Los Talleres Gráficos
• Los traslados al centro logístico de distribución del INE
• Los traslado para llevar la documentación a los consejos distritales 
• En la bodega del INE, ubicada en Tláhuac.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) impugnará la decisión de un juez de reintegrar el pago de la pensión por viudez, de 125 mil pesos mensuales, a la presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar.

El mandatario destacó que cuando se identificó este caso, Pemex estaba obligado a denunciarlo porque, dijo, son de esos casos emblemáticos “que ayudan mucho a explicar cómo es el teje maneje de la política o de la politiquería”.

López Obrador cuestionó el actuar del Juez y sostuvo que hubo un problema de origen. Explicó que con la ley Zedillo, si el sueldo de un trabajador era diez mil pesos, iba a recibir tres mil pesos de pensión, pero en estos casos las pensiones son de 125 mil. 

Pensión de Pemex indebida

Hace unas semanas, Octavio Romero, director de Pemex, señaló que Amparo Casar había incurrido en fraude por un monto de 31 millones de pesos al haber sido beneficiaria de manera indebida de un seguro de vida y una pensión mensual desde hace casi 20 años por el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez.

No obstante, ambos beneficios se otorgaron antes de que se determinara la causa de muerte, que fue por suicidio. Además, el director de Pemex explicó que ninguna de las dos prestaciones aplican en ese caso, por lo que los pagos se realizaron de manera indebida.

Juez ordena que se pague pensión

La semana pasada, la quejosa presentó una demanda de amparo para que se le restituya el beneficio que recibe mensualmente desde octubre de 2004, pues declaró que se le dejó de pagar pero “no recibió notificación”.  

En ese sentido el juez Ricardo Guzmán Wolffer le concedió la suspensión de plano a la viuda, con lo que ordenó a Pemex que se reintegren los pagos vencidos y los que se generen en un plazo de 24 horas.

Por su parte, el viernes pasado Pemex notificó al juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, que se realizaban las gestiones para dar cumplimiento a la orden del juez. Por ello, el impartidor de justicia amplió el plazo por otras 24 horas, para que la paraestatal cumpla con la medida cautelar.